El
artículo catorce de la constitución española de 1978, recoge que “los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. Como pilar básico del sistema jurídico y, por
extensión, político e incluso económico, resulta evidente que es de obligada
inclusión en un texto constituyente. Con respecto a la obligatoriedad de
cumplimiento, entramos ya en harina de otro costal, si atendemos no solo al
sentir del común de los ciudadanos, que como podemos observar a poco que
levantemos la vista, discrepa de su efecto práctico, sino a hechos mismos que,
en mayor o menor medida, siembran la duda y la incertidumbre. Porque, en último
término, ¿somos, como se esforzaron por dejar negro sobre blanco los padres de
la transición, todos iguales ante la ley?
La real
academia de la lengua ofrece varias acepciones de la palabra ley, acaso la más
certera respecto a lo que nos ocupa, sea: “precepto dictado por la autoridad
competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y
para el bien de los gobernados”. Posiblemente la mayor imprudencia que podemos
observar en la definición sea la aparente buena voluntad que se le presupone a
la autoridad competente, que actúa en consonancia con la justicia y vela por el
bien de los gobernados, pareciendo excluir el hecho de que la ley puede no ser
siempre justa, o no ser prescrita para el mayor beneficio de todos los
ciudadanos. La ingenuidad, por tanto, de la que hace gala la rae en su
explicación del término, es la misma bajo la que se escuda el estado cuando,
aun sabiendo que una ley va sesgada para el beneficio de una minoría económica,
pongamos por caso, se encoge de hombros alegando que, en el fondo, va a ser
buena para todos. Y es que la ley, por desgracia, se ha ido separando
progresivamente del contrato social para devenir en el arma que esgrime el
estado a fin de protegerse a sí mismo, lo cual se hace evidente en el
recurrente uso de los medios coercitivos a su alcance, para defenderla de
aquellos a los que a priori debiera proteger. Circunstancia que nos lleva,
directamente, al punto de origen de este artículo: la igualdad.
Uno de
los rasgos que mejor definen si somos o no iguales ante la ley es el de
proporcionalidad. No resulta lógico, se vea desde el ángulo que se vea, que un
ciudadano que ha defraudado millones de euros condone su deuda con el estado y,
por extensión puramente teórica aunque falaz, con la sociedad, pagando una
cantidad monetaria que, en ningún caso, va a empobrecer su situación en, y
seremos benevolentes, demasía. Esto ha ocurrido, sin ir más lejos, en casos
sonados recogidos por la prensa o en la tan cacareada amnistía fiscal. La
proporcionalidad con respecto al efecto que produce la deuda de una familia con
una entidad bancaria es completamente asimétrica. No pagar diez mil euros de
una hipoteca implica la pérdida fulminante de la vivienda, dejando a la familia
en la calle y vulnerando un artículo de la constitución, dicho sea de paso.
Este ejemplo resulta especialmente conveniente porque, habiendo quien pudiera
argumentar que si se solicita una hipoteca hay que cumplir con lo acordado, así
como que el estado no es culpable de las deudas de los ciudadanos,
necesariamente deberíamos aducir que la ley hipotecaria no solo es injusta en
el fondo y en la forma, sino que el propio parlamento europeo ha corroborado
tal realidad, tirando (cariñosamente) de las orejas al gobierno español, y
desvinculándose de cualquier competencia al respecto. El resultado es que el
perjuicio ocasionado es exponencialmente superior en aquellos casos en los que
el infractor tiene menor poder adquisitivo, con el agravante de que esa
situación debiera, en justicia, estar aun más protegida. Tener mucho, por
tanto, da una impunidad con respecto al castigo impropia de un sistema que se
enorgullece de abanderar, en su nomenclatura, la palabra “bienestar”. Y tanto
es así, que la imposición por parte del gobierno de unas tasas económicas
dificulta hasta tal medida el acceso a la justicia, que cualquier ciudadano
debe pagar más por recurrir una multa que por su abono. Trágica verdad, que nos
presenta la legítima defensa de los derechos como una cuestión monetaria en la
que el “tanto tienes, tanto vales”, se desliza inexorablemente entre los
recovecos de lo legal.
Podríamos
dar incontables ejemplos de lo expuesto; el aforamiento de cargos públicos, el
hecho de que haya fiscales, en los últimos días, que recurran imputaciones por
corrupción a mayor velocidad que los propios abogados del acusado, el desamparo
ante sanidad o educación de aquellos que menos tienen, el deshumanizado trato a
los inmigrantes y un etcétera tan largo que prolongaría este listado ad
infinitum. Y es que vivimos en un mundo donde la separación entre la clase
política, anclada en una atalaya que poco tiene que ver con el día a día del
común, y aquellos sobre los que, como dice la constitución, recae la soberanía,
se agranda cada día. Ejercer el derecho al voto cada cuatro años es garantía
más que suficiente para legitimar al poder legislativo, y los programas
electorales son sistemáticamente incumplidos sin sanción alguna. El “todo para
el pueblo pero sin el pueblo” del despotismo ilustrado ha cambiado en la forma
pero no el fondo, erigiéndose más importantes los mercados y las inversiones
(amparadas y beneficiadas por la ley) que el propio ciudadano, responsable en
última instancia de los desastres económicos perpetrados por un estado que le
acusa directamente de haber “vivido por encima de sus posibilidades”. Un giro
de tuerca simplista pero inteligente, que tiene su calado en una parte de la
población para cual es más traumático concluir que las instituciones fallan,
que aceptarlo como normal y seguir su camino. Y es que también nosotros hemos
de realizar un ejercicio de introspección y sopesar nuestra responsabilidad. La
mayoría de nosotros podríamos hacer más por revertir el estado de las cosas, intentarlo
al menos, pero la comodidad o la falsa sensación de seguridad pesa. Es
comprensible. Como reza el dicho: “No muerdas la mano que te da de comer”.
Moral de esclavo, lo llamaba Nietzsche.
Publicado en “Nueva Huella”.
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